Sumario: 1. Noción
de la ley procesal. 2. Características de la ley procesal. 3. Noción de orden
público. 4. Clasificación de las leyes procesales: A. Desde el punto de vista de su aplicación
o forma en que son empleadas. B. Por
la materia que regulan. 5. Análisis estructural del Código de Procedimiento Civil. 6. Bibliografía.
1. Noción de la
ley procesal.
En general debemos entender por Ley,
tanto el conjunto de reglas sistemáticamente ordenadas que tiene por objeto
regular una determinada materia, como también toda norma jurídica sancionada y
emanada de la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, luego promulgada por el
Ejecutivo Nacional en las formas previstas en nuestra Ley Fundamental.
Al
tratar acá el tema de la ley procesal lo haremos de manera general y no solamente
en el sentido de un código procesal o conjunto de disposiciones de
procedimiento ordenadas sistemáticamente en un cuerpo de ley, sino también en
el sentido de la norma jurídica procesal o disposición de esta especie, emanada
del Poder Legislativo Nacional conforme a lo previsto en nuestra Constitución
Nacional.
Nos
comenta Rengel Romberg (2013, pág. 198) citando
al jurista Couture, que la naturaleza procesal de una ley no depende del cuerpo
de disposiciones en que se halle inserta, sino de su contenido propio. Este
contenido propio de la ley procesal es la regulación de fenómenos estrictamente
procesales, vale decir, la programación del debate judicial referido a su fin,
que es la decisión de un conflicto de intereses.
Visto lo anterior, tenemos que existen leyes
de naturaleza sustantiva pero que pueden contener normas de carácter procesal,
así lo tenemos en las disposiciones que regulan la quiebra y el atraso en el Código
de Comercio o algunas disposiciones del Código Civil, como el artículo 185A, o
las que regulan las materias de la cosa juzgada y de la prueba. Este tema ha sido muy discutido por la
doctrina, dando diversas posiciones o tesis acerca del verdadera naturaleza de
la ley procesal, por lo cual procederemos a explicar sus aspectos generales,
sin entrar en discusiones iusfilosóficas.
La
ley procesal la podemos entender como aquella que rige la tramitación
contenciosa o voluntaria de causas, negocios, solicitudes o controversias ante
los órganos jurisdiccionales del Estado. Las leyes procesales son creadas por
el Estado para tutelar los derechos de sus habitantes[1]
y resolver las controversias suscitadas entre ellos, y entre ellos y el Estado.
Establecen el procedimiento a seguir ante los órganos creados para tal fin
(tribunales), las reglas de conducta y la actuación del juez, las partes y
terceros ligados al proceso[2].
Para
nosotros es importante citar la definición del gran jurista venezolano Henriquez La Roche (2013, pág. 43), por considerarla
una de las más completas, el cual establece:
“La ley procesal es
aquella que establece las posibilidades y cargas que tienen las partes en el
proceso y señala las formas de los actos procesales y los lapsos que separan
esos actos; en una palabra, es la ley tutelar del proceso judicial. También se
denomina ley procesal a aquella que establece las atribucciones y competencias
de los tribunales, delimitando el poder jurisdiccional que ejercen. A la ley
procesal se le llama también ley adjetiva en oposición a ley sustancial”.
2.
Características.
Dentro de las características de la ley
procesal tenemos las siguientes:
1. La primera y más importante
característica es que pertenece al Derecho Público porque regula una actividad
de naturaleza pública, que es, la función jurisdiccional asumida por el Estado.
2. La ley procesal no es un fin en sí
misma, sino un medio o instrumento para la satisfacción de un derecho subjetivo
o material.
3. La ley procesal es autónoma, no depende
de otras ramas del derecho (civil, mercantil, laboral, etc.) con la única
excepción del Derecho Constitucional, ya que debe encontrarse en armonía con
los postulados de la Carta Magna, sobre todo con los principios y garantías
constitucionales otorgadas al justiciable (debido proceso, tutela judicial
efectiva), y más con la tendencia actual que apunta a la constitucionalización
del proceso judicial.
4. La ley procesal regula las
instituciones del derecho procesal.
5. La ley procesal muchas veces tiene el
carácter de orgánica, por cuanto regulará la composición del órgano
jurisdiccional.
6. Son de aplicación inmediata, ya que regulan
los procesos en el instante en que son publicadas en Gaceta Oficial de la
República, y por ello su aplicación no puede ser diferida o postergada, a menos
que la ley procesal contenga una vacatio
legis.
7. Posee un carácter coactivo, porque
tienden a la realización práctica del derecho material y para su aplicación el
juez tiene a su disposición la fuerza pública.
3. Noción de orden
público.
El orden público lo podemos entender
como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el
desarrollo e integración de la sociedad. Como ya lo habíamos mencionado dentro
de las características, la ley procesal forma parte del Derecho Público, es
decir, que es de orden público, significando que la aplicación de las leyes
procesales es de carácter general, absoluto, sus normas son indisponibles
sin que las partes
puedan variar o modificar lo preceptuado por la ley procesal[3].
En este sentido, el artículo 7 del
Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) establece: “Los actos procesales se
realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales.
Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán
admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines
del mismo”. Nos comenta el profesor Rafel
Ortíz Ortíz (2007) que esta norma observa: a) mandatos de ius cogens (lo establecido en este
Código y en las leyes especiales) y, b) mandatos de ius dispositivum, aquellas formas procesales que el juez puede
"crear" cuando no exista un mandato expreso.
Nos resulta de gran importancia citar
la sentencia de la Sala Constitucional Nº 2461, de fecha 18/12/2006 (caso:
Rigoberto Zabala), donde establece un análisis profundo de la noción de orden
público:
“Igualmente, se debe destacar que
“orden público” es un concepto jurídico indeterminado, el cual tendrá un
contenido dependiendo del contexto histórico en el cual se encuentre. Así, se
puede entender que por una parte se encuentran el conjunto de valores eminentes
que guían la existencia y bienestar de una sociedad, en donde se recoge y
ampara un interés social dominante por su trascendencia, por el número de
personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende a proteger. De
este modo, en gran medida el orden público es acopio de normas de moral y de
ética pública que en ocasiones alcanzan su exposición en ley, pero que aun sin
esa expresa declaración legislativa, constituyen principios rectores de sabio
gobierno nacidos de la civilización y fortalecidos por la cultura, la
costumbre, por la manera de ser de la colectividad, en fin, por el estilo de
una sociedad, es decir, a través de la cual se manifiesta de la voluntad social
predominante.
De allí, que las normas de orden
público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy inmediata y
directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, lo elemental o
esencial de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las normas fundamentales
y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización
social. Por lo tanto, esto comprende que: a) no pueden ser dejadas sin efecto
por voluntad de las partes; b) el principio de irretroactividad de la ley no se
aplica en materia de estas normas de orden público; c) en el caso que los
jueces deban aplicar una ley extranjera, estas leyes no deberán aplicarse si
esa aplicación importa desplazar una ley nacional contentiva de normas de orden
público; y d) no se puede invocar un error de derecho para eludir la aplicación
de una norma de orden público.
Por ende, una norma se llama de orden
público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las
cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por
eso, las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas, al contrario
de las normas de orden privado que son renunciables, permisivas y confieren a
los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas
por otras”.
Visto lo anterior, el orden público va a
representar un conjunto de valores indiscutibles e irrenunciables para el
desarrollo y bienestar de la sociedad. Las normas de orden público son aquellas
interesadas de manera inmediata a mantener la paz, la seguridad social, las
buenas costumbres, la moral y la justicia, respondiendo a un interés general o
colectivo que priva por encima de los intereses particulares o privados.
4. Clasificación
de las leyes procesales.
La ley procesal ha sido objeto de
diversas clasificaciones por la doctrina moderna, en nuestro caso procederemos
a explicar la clasificación más aceptada por la mayoría.
A. Desde el punto de vista de su aplicación o forma en que son
empleadas:
1. Absolutas
o imperativas:
ésta es el común denominador de casi todas las normas que regulan el proceso,
dado el carácter público que éste tiene como instrumento para la administración
de la justicia (art. 257 constitucional), base fundamental del Estado Social de
Derecho y Justicia (art. 2 constitucional). En otras palabras, las partes ni
los otros sujetos procesales podrán apartarse ni renunciar a este tipo de
disposiciones. Así lo vemos con respecto a las disposiciones que establecen el
derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y control de la prueba, el
derecho a obtener un pronunciamiento judicial a nuestra pretensión, etc.
2. Dispositivas,
no absolutas o supletorias:
En este caso, las partes a través de sus manifestaciones de voluntad, podrán
apartarse o evitar su aplicación. Así lo vemos en la disposición del artículo
388 del CPC, según la cual al día siguiente del lapso de emplazamiento para la
contestación de la demanda, se abrirá del lapso probatorio de pleno derecho,
pero según el ordinal 3 del artículo 389 ejusdem,
no habrá a la apertura del lapso probatorio cuando las partes, de común acuerdo, soliciten al juez decidir el asunto
de mero derecho.
B. Por la materia que regulan:
1. Formales: regulan la forma en que se realizan
los actos procesales y el procedimiento. Es la atinente a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que corresponde llevar a cabo los actos procesales. Así
tenemos lo postulado en el artículo 197 del CPC “Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios
consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los
sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados días de
fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras
leyes, ni aquéllos en los cuales el Tribunal disponga no despachar”.
2. Materiales: regulan determinadas figuras o
instituciones procesales. Reglamenta lo relativo a la calidad de los sujetos procesales
que producen los actos y su contenido. Pueden citarse las que consagran la
forma como las partes deben actuar en el proceso, esto es, que si son incapaces
lo hacen por conducto de su respectivo representante, como nos señala el
artículo 137 del CPC “Las personas que no
tengan el libre ejercicio de sus derechos, deberán ser representadas o
asistidas en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad”.
3. Orgánicas: Regulan la integración y organización
de los órganos de justicia, verbi gratia lo
establecido en el artículo 116 del CPC “El
alguacil es el guardián del orden dentro del local del tribunal, y ejecuta las
órdenes que en uso de sus atribuciones le comunique el juez o el secretario”.
Además de la clasificación establecida,
es importante reflexionar sobre el efecto de la aplicación de las normas
procesales a las pretensiones y excepciones de las partes, en este sentido no
todas las normas procesales tienen la misma imperatividad, ni padecen de la
rigidez en todos los casos.
La Corte Constitucional de Colombia ha
establecido que las normas procesales son de dos clases: la primera, son las
normas procesales propiamente dichas que se limitan a señalar las ritualidades
o formalidades del proceso, donde su aplicación no afectará en forma negativa o
positiva a las partes; y la segunda, las normas procesales de contenido
sustancial, las cuales su aplicación supone un beneficio o perjuicio al interés
de las partes (C-251 de 2001).
5. Análisis estructural
y esquematización del Código de Procedimiento Civil.
El texto procesal vigente está
estructurado sobre cuatro (4) libros: libro primero: "disposiciones
generales" (artículos 28 al 337); libro segundo: "del procedimiento
ordinario” (artículos 338 a 584); libro tercero: "del procedimiento
cautelar y de otras incidencias" (artículos 585 al 607) y libro cuarto:
"de los procedimientos especiales" (artículos 608 al 946). El nuevo
código tiene la virtud de sistematizar el régimen del proceso y las garantías
de justicia consagradas en la Constitución, aun cuando se requiera una reforma
para incorporar de manera concreta mandatos constitucionales sobre la celeridad
de los procesos y la oralidad como principio conforme a los establecido en los
artículos 26, y 257 de nuestra Ley Fundamental.
6. Bibliografía.
Henriquez La Roche, R.
(2013). Instituciones del Derecho Procesal. Caracas: Centro de Estudios
Jurídicos de Venezuela.
Ortíz Ortíz, R. (2007). Teoría General del Proceso.
Caracas: Frónesis.
Rengel Romberg, A. (2013). Tratado de Derecho Procesal
Civil Venezolano (Vol. I). Caracas: Ediciones Paredes.
[1]
Así nos lo establece en su primera parte el artículo 26 constitucional “Toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos
y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.
[2]
La ley procesal nos establece el procedimiento, el cual es el conjunto de reglas
que regulan el desarrollo del proceso, Rengel
Romberg citando a Carli utliza un símil para diferenciar el procedimiento del
proceso: “el procedimiento es el conjunto
de instalaciones fijas del ferrocarril, las vías, por ejemplo; el proceso es el
convoy, el tren en marcha sobre esas vías, que llega o le llevan a un destino”
(2013, pág. 156). Entonces, la ley procesal regula el proceso y como nos
establece el artículo 257 constitucional “el
proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la
justicia”.
[3]
Sobre este punto es necesario señalar que existen ciertas excepciones como lo
son las normas dispositivas que integran la ley procesal, ya que éstas pueden
ser relajadas o prescindidas por la voluntad por las partes, sin que esto significará
violación de la ley procesal o del orden público procesal, las cuales veremos
más adelante en la clasificación de la ley procesal.
