EL JUEZ Y SU PAPEL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INDIVIDUALES, COLECTIVOS Y DIFUSOS, EN PRO DE LA DIGNIDAD HUMANA

Sumario: Introducción 1. Noción de dignidad humana. 2. La justicia dentro de un Estado Social de Derecho y de Justicia. 3. El rol del Juez dentro de la realidad social. 4. La tutela judicial efectiva y los medios alternativos de resolución de conflictos. Conclusión. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

            Desarrollar un tema como lo es el objeto del presente ensayo, se eleva a una mayor dificultad cuando se debe cumplir con parámetros establecidos, debido a que los temas relativos a la ética, la moral, la axiología jurídica, la deontología jurídica, y al papel del juez como garante de los derechos fundamentales, son temas que deben ser objeto de tratados, manuales y de voluminosas y reiteradas investigaciones, no porque se exija cantidad y no calidad, sino por la vital importancia que constituyen para los sistemas de justicia de los Estados.

            Si la Constitución es la base del ordenamiento jurídico de un país, los valores sobre los cuales se fundamenta una República (casi siempre contenidos en los preámbulos de las Cartas Magnas), son los que van a informar a todo el catálogo de derechos fundamentales, y establecer los principios que enmarcan el funcionamiento del Poder Público. Estos valores deben ser observados especialmente por los jueces al momento de interpretar las leyes, para que puedan garantizar una justicia real, verdadera, la cual pueda a su vez ser materializada.

            En el presente ensayo, desarrollaremos brevemente lo relacionado a: la dignidad humana y la garantía de los derechos fundamentales; la justicia en el marco de un Estado Social de Derecho; al papel que debe afrontar el juez como primer garante de la justicia, ajustado a la realidad social que lo rodea; y por último el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen todos los particulares para hacer valer sus derechos individuales, como también los colectivos y difusos, señalando también que en pro de garantizar el acceso a la justicia (además de la garantía del acceso a la jurisdicción)  se deben reconocer los medios alternativos de resolución de conflictos.

            Todo lo anterior se desarrollará tomando en consideración la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial extraordinaria N.° 5.453 del viernes 24 de marzo del año 2000.

1. NOCIÓN DE DIGNIDAD HUMANA

            Siguiendo el pensamiento kantiano, la dignidad es la idea de que la persona debe ser considerada como el fin, y no como el medio, repudiando todo intento de instrumentalización del ser humano. Los derechos fundamentales son entonces concreciones del reconocimiento jurídico de la dignidad, de modo que esta última le confiere valor y unidad de sentido.

2. LA JUSTICIA DENTRO DE UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA

            El Estado Social de Derecho[1] surge como la evolución del Estado Liberal clásico, que propugna como fines de su actuación, garantizar el interés colectivo sobre los intereses individuales, protegiendo a los llamados “débiles jurídicos” que se traduce en las clases menos favorecidas o aquellas discriminadas por la sociedad. La mayoría de los estudios relativos al Estado Social hacen énfasis del reconocimiento de los derechos sociales, de las políticas económicas ejercida por el Estado, o poseen una carga ideológica que a veces no deja ver, de forma objetiva, los aspectos positivos que en el marco de la administración de justicia ofrece este modelo de Estado. Entonces, haciendo referencia a la justicia[2] podemos señalar, que el Estado Social pretende que las ideas de libertad e igualdad tengan una validez y realización efectiva en la vida social. Nos comenta Ricardo Combellas (1982) que tal idea social del Derecho es material, no formal, exigiendo la materialización de sus contenidos valorativos en la praxis social. Además, es un Derecho orientado por valores (se rescata el acervo axiológico reinante en el origen del Estado de Derecho), una concepción valorativa del Derecho.

3.  EL ROL DEL JUEZ DENTRO DE LA REALIDAD SOCIAL

            El Juez tiene como rol esencial la protección de los derechos fundamentales de los justiciables, atendiendo al momento de aplicar la ley, los valores y principios establecidos en la Carta Magna y en la realidad social que lo rodea, tomando fuerza la idea de aplicar un Derecho que tienda a la humanización de la justicia; que aunque se vea atado por el imperio de la ley, pueda ante las injusticias derivadas de una norma jurídica, desaplicarla en pro de la justicia y de la protección del ser humano.

4. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para el Jurista español González Pérez (1989) la tutela jurisdiccional efectiva se entiende como “La posibilidad de invocar con éxito la asistencia jurisdiccional por cualquier ciudadano que lo requiera…”. El cumplimiento de la tutela judicial efectiva es de vital importancia ya que encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe motivar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos primordiales de la actividad del Estado, en garantía de la paz social[3].

En relación con los medios alternativos de resolución de conflictos, estos han sido reconocidos por la corriente constitucional moderna como formas de garantizar el acceso a la justicia. En el caso venezolano, han sido elevados a rango constitucional perteneciendo al sistema de justicia[4].

CONCLUSIÓN

            Los derechos fundamentales surgen a raíz del reconocimiento de la dignidad humana, como se dijo anteriormente, la dignidad le da valor y fuerza a estos derechos, ya que el ser humano es entendido entonces como el fin y no como el medio, por ello, se garantiza que tanto los valores como las normas persigan la protección del ser humano ante cualquier forma de violencia o menoscabo de sus derecho e intereses. A la luz de la dignidad humana surgen dos importantes misiones por parte del Estado: la primera, es la que debe perseguir el Juez (entiéndase Jueces y Magistrados, o cualquier encargado de administrar justicia dentro de un Estado de Derecho, tanto en los procesos judiciales como también a aquellos funcionarios que tiene potestades de resolver conflictos ante los procedimientos administrativos surgidos entre los particulares y la administración pública) que al momento de interpretar tanto los derechos constitucionales como las disposiciones de una ley, debe observarse la dignidad del ser humano, como objeto de máxima protección, este criterio ha sido reconocido como un principio fundamental recibiendo en el caso mexicano el nombre del “principio pro persona”; la segunda misión es que pueden operar nuevas formas de estudio del derecho positivo o más allá en el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales inherentes al ser humano, por ejemplo, la Constitución venezolana, en su artículo 22 señala que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”, esto abre la posibilidad que el Estado reconozca y proteja nuevos derechos humanos que pueden surgir como consecuencia de la evolución de la sociedad, como por ejemplo el reconocimiento a toda persona al derecho de acceso a internet, que aunque no aparezca positivizado en el texto constitucional, el Estado lo reconoce y busca formas de garantizarlo.

            El juez dentro de las sociedades modernas tiene una de las más importantes misiones, la cual es garantizar los derechos fundamentales de las personas, haciendo una interpretación justa de las leyes, observando los principios axiológicos sobre las cuales fueron sancionadas. Existe una antigua expresión latina que fue concebida por el Derecho Romano, la cual establece “Dura lex, sed lex”, creemos que este aforismo tiene que ser superado, en el sentido que “la ley es dura, pero es la ley, y tiene que aplicarse siempre y cuando sea justa”, ya que siguiendo al gran maestro uruguayo Eduardo Couture en su obra jurídica “Los Mandamientos del Abogado” en el cuarto mandamiento establece que “Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”. El Juez debe velar por el Derecho como camino para alcanzar el fin supremo de la justicia. Escribió el ilustre casacionista Piero Calamandrei, que el Juez es el Derecho hecho hombre, solo de este hombre se puede esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto promete la ley, entonces, solo cuando el Juez sabe pronunciar la palabra “Justicia” solo en este momento se podrá comprender que el Derecho no es una sombra vana.

            Como último punto relacionado con la actividad del Juez y su rol social a desempeñar, es necesario hablar de la ética que lo rige, es decir, los principios deontológicos que en el fondo deben estar en la conciencia y en el espíritu del Juez, y creemos que ellos se sustentan en lo siguiente:  

A.    En la tecnificación del Juez: que es otorgarle las herramientas adecuadas para el ejercicio de su función jurisdiccional. 

B.     En su profesionalización: el Juez se considerará idóneo cuando reúna un conjunto de aptitudes para el ejercicio del cargo que ocupa, siendo un especialista en el área donde ejerza su magistratura, ya que será contraproducente el nombramiento de un abogado experto en materia agraria como juez en un tribunal con competencia penal, por ello, la importancia de que los jueces sean elegidos a través de concursos de oposición, ya que dentro de los cuales los aspirantes deberán tener por lo mínimo estudios de cuatro nivel y cumplir con las expectativas referentes al cargo que desean desempeñar.

C.    En su independencia: este principio general de independencia judicial nos va a servir de garantía para los justiciables, de que los jueces que deban decidir sus pretensiones sean independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y que solo se encuentran sometidos a los postulados constitucionales y a la ley, con estricto respeto, claro está, del principio de jerarquía normativa. A nuestro criterio un requisito sine qua non para que se pueda garantizar la independencia del juez, es que éste sea elegido a través de concurso público de oposición, esto significa haber calificado según el procedimiento legalmente establecido para poder ejercer esta importante función, ya que de lo contrario cuando un juez es designado de forma provisional no posee garantía de estabilidad, pudiendo ser destituido sin causa justa en cualquier momento.

Por último, es necesario mencionar que la mayoría de las Constituciones modernas reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva la cual garantiza a su vez: el derecho de acceso a la justicia a favor de los particulares, para que puedan hacer valer tanto sus derechos e intereses individuales, como los colectivos (los derechos de un grupo determinado y cuantificable de personas) y difusos (un grupo de personas incuantificable pero que pueden sufrir de un mismo problema); con la garantía de la aplicación del proceso debido; de la posibilidad de una tutela cautelar; y del derecho a que le sea dictada una sentencia justa, motivada y congruente, en tiempo oportuno.

BIBLIOGRAFÍA

Araújo Oñate, R. (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 13 (1), 247-291.

Bello Tabares, H., & Jiménez Ramos, D. (2006). Tutela judicial efectiva y otras garantías constitucionales procesales. Caracas: Ediciones Paredes.

Combellas, R. (1982). Estado de Derecho. Crisis y Renovación. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

Duque Corredor, R. (2014). Sistemas de fuentes de derecho constitucional y técnica de interpretación constitucional. Caracas: Ediciones Homero.

González Pérez, J. (1989). El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Cuadernos Civitas, S.A.

Molina Galicia, R. (2002). Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso, y su tendencia jurisprudencial ¿Hacia un gobierno judicial? Caracas: Ediciones Paredes.

Rondón de Sansó, H. (2006). Análisis de la Constitución venezolana de 1999. Caracas, Venezuela: Editorial Ex Libris.

Petit Guerra, L. (2011). Estudios sobre el debido proceso. Caracas: Ediciones Paredes.

Picó I Junoy, J. (1997). Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona: J. M. BOSCH EDITOR.

Varios (1989). La ética de las profesiones jurídicas. Serie Foros. Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

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[1] En la actualidad existen muchos países que se constituyen como Estado Social, dentro de ellos tenemos a: Alemania, Francia, Portugal, España, Costa Rica, Argentina, Colombia, Venezuela, entre otros.  

[2] Siguiendo a la jurista Hildegard Rondón de Sansó (2006, pág. 67), la justicia dentro del Estado Social se enmarca en lo siguiente: 1. El Estado tradicional se sustenta en la justicia conmutativa, el Estado Social en la justicia distributiva; 2. El Estado tradicional es el legislador, en cuanto que el Estado Social es fundamentalmente un gestor al cual debe sujetarse la legislación; 3. El Estado tradicional se limita a asegurar la justicia legal formal, mientras que el Estado Social busca la justicia legal material, por ello la importancia de la ejecución de las sentencias por parte de los jueces; 4. El Estado tradicional profesó los derechos individuales como tarea fundamental, en contraposición, el Estado social entiende que la única forma de asegurar la vigencia de los valores es su propia acción; 5. El Estado tradicional se caracteriza por su inhibición, mientras que el Estado Social por sus actividades.

[3] La tutela judicial efectiva es reconocida en el artículo 26 de la Carta Magna venezolana estableciendo que “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

[4] Establece el artículo 258 constitucional que: “La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. (…)

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.